“Legítima defensa no es un derecho, violencia desmedida es ejecución ilegal”

“Legítima defensa no es un derecho, violencia desmedida es ejecución ilegal”

El Papa advierte contra el uso desmedido de la fuerza pública. Califica al uso exagerado de la violencia para repeler a un delincuente como “crimen de Estado” y defiende su decisión de quitar el aval a la pena de muerte del Catecismo de la Iglesia católica.

 

Toda fuerza letal usada por encima de lo “estrictamente necesario” provoca una “ejecución ilegal”, un “crimen de Estado”. No usó medias tintas el Papa Francisco, al referirse a la legítima defensa y el uso de la fuerza pública. Aseguró que, para los elementos de seguridad, repeler a los delincuentes con la violencia “no es un derecho”, sino “un deber” para la protección de los otros integrantes de la sociedad. Pero alertó contra los abusos, que provocan “ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”. En resumen, denunció, “una pena de muerte escondida”.

Una reflexión aplicable a nivel mundial, pero que coincide con candentes debates en curso en diversos países de América Latina. Por ejemplo en Argentina, que acaba de aprobar un cuestionado protocolo para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales. Un reglamento rechazado no sólo por organismos humanitarios y dirigentes opositores, sino también al interior de la colación gobernante Cambiemos. El temor es que alimente el llamado “gatillo fácil”.

Por eso resulta sugestiva la intervención del pontífice, de vigencia en otras naciones con fuertes problemas en materia de derechos humanos, como Filipinas. Jorge Mario Bergoglio abordó el asunto la mañana de este lunes, durante una audiencia a una comitiva de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte en el Palacio Apostólico del Vaticano. De la delegación formó parte un viejo conocido suyo: Roberto Carlés, jurista argentino también secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

“Quiero volver a llamar la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, un fenómeno lamentablemente recurrente en países con o sin pena de muerte legal. Se trata de homicidios deliberados cometidos por agentes estatales, que a menudo se hacen pasar como resultado de enfrentamientos con presuntos delincuentes o como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a los ciudadanos”, dijo el Papa, en un discurso redactado en español por la sala de prensa de la Santa Sede.

Más adelante, recordó que la “legítima defensa no es un derecho sino un deber” para quien es responsable de la vida de otros. Reconoció que quienes tienen una “autoridad legítima” deben detener al agresor, pero aclaró que, para ello, deben “rechazar toda agresión” desproporcionada, incluso “con el uso de las armas”, porque “todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin solo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de estado”.

“Toda acción defensiva, para ser legítima, debe ser necesaria y mesurada. Un acto que proviene de buena intención puede convertirse en ilícito si no es proporcionado al fin. Por consiguiente, si uno, para defender su propia vida, usa de mayor violencia que la precisa, este acto será ilícito. Pero si rechaza la agresión moderadamente, será lícita la defensa pues, con arreglo al derecho, es lícito repeler la fuerza con la fuerza, moderando la defensa según las necesidades de la seguridad amenazada”, añadió.

Un discurso complejo pero de profunda actualidad, sobre todo por el endurecimiento del discurso político en torno a la seguridad en no pocos países, sobre todo de Europa y América.

La reflexión del Papa partió del fenómeno de la pena de muerte, otro asunto muy discutido dentro de la Iglesia, sobre todo después de su decisión de quitar del Catecismo un pasaje que avalaba esta práctica (en el apartado 2267). Al respecto, él mismo aclaró el motivo de esa determinación: “La certeza de que cada vida es sagrada y que la dignidad humana debe ser custodiada sin excepciones, me ha llevado, desde el principio de mi ministerio, a trabajar en diferentes niveles por la abolición universal de la pena de muerte”.

Defendió el cambio del Catecismo porque calificó a esa sanción como “contraria al evangelio” ya que, explicó, es suprimir una vida,“siempre sagrada a los ojos del creador” y de la cual “solo Dios es verdadero juez”. Recordó que en los siglos pasados se consideraba a la sentencia a muerte como una justa, sobre todo cuando se carecía de los instrumentos actuales para proteger a la sociedad.

Reconoció que incluso en el Estado Pontificio se recurrió a esta “forma inhumana de castigo”, porque se ignoró “la primacía de la misericordia sobre la justicia”. Al respecto, hizo una especie de “mea culpa” por las “responsabilidades sobre el pasado” en esta materia y reconoció que la aceptación, por parte de la Iglesia, de esa forma de castigo, “fue consecuencia de una mentalidad de la época, más legalista que cristiana, que sacralizó el valor de leyes carentes de humanidad y misericordia”.

Sobre el cambio de mirada, subrayó: “La Iglesia no podía permanecer en una posición neutral frente a las exigencias actuales de reafirmación de la dignidad personal. La reforma del texto del Catecismo en el punto dedicado a la pena de muerte no implica contradicción alguna con la enseñanza del pasado, pues la Iglesia siempre ha defendido la dignidad de la vida humana”.

Y apuntó: “Sin embargo, el desarrollo armónico de la doctrina impone la necesidad de reflejar en el Catecismo que, sin perjuicio de la gravedad del delito cometido, la Iglesia enseña, a la luz del evangelio, que la pena de muerte es siempre inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”.

Se trata de reflexiones de un profundo espesor, pronunciadas ante juristas de diversas nacionalidades. De esta manera, el Papa aceptó los errores del pasado en la materia, explicó su origen y justificó su decisión de enmendarlos. Una visión completamente opuesta a la presentada por algunos teólogos y grupos críticos dentro de la Iglesia (originarios en su mayoría de los Estados Unidos), quienes lo acusaron a él de haber “cambiado un dogma” con su decisión de remover el aval a la pena de muerte del Catecismo.

En su discurso de este lunes, Bergoglio también cuestionó la validez de las penas perpetuas las cuales, indicó, quitan la posibilidad de una redención moral y existencial de los condenados, además de calificarlas como “una forma de pena de muerte encubierta”. Consideró que si Dios perdona siempre, entonces a nadie puede quitársele la esperanza de su redención y reconciliación con la comunidad.

“A los Estados que continúan aplicando la pena de muerte, les ruego que adopten una moratoria con miras a la abolición de esta forma cruel de castigo. Comprendo que para llegar a la abolición, que es el objetivo de esta causa, en ciertos contextos puede ser necesario atravesar por complejos procesos políticos”, solicitó.

“La suspensión de las ejecuciones y la reducción de los delitos conminados con la pena capital, así como la prohibición de esta forma de castigo para menores, embarazadas o personas con discapacidad mental o intelectual, son objetivos mínimos con los que los líderes de todo el mundo deben comprometerse”, constató.

 

Fuente: Vatican Insider